Calvo, que había llegado al ministerio de Desarrollo Social tras haber sido acusado de pedir coimas en Almirante Brown mientras era secretario de Seguridad del municipio, fue el responsable de la compra de la partida de emergencia de alimentos para abastecer a los comedores populares y su salida se definió luego de que Arroyo abriera un sumario interno para evaluar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El ministro Arroyo reconoció ayer que la compra se había aprobado por montos más elevados que los precios testigos puestos por la Sigen, pero indicó que ante la negativa de los proveedores a realizar nuevas ofertas, se optó por abastecer a los comedores en la emergencia.
Alberto Fernández ordenó suspender el pago y, a través de la jefatura de Gabinete, estableció que a partir de ahora el tope para cualquier compra serán los precios máximos fijados por el propio Estado.
Además, el Gobierno indicó que se revisarán las licitaciones que todavía no fueron ejecutadas y que superen ese tope.