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Golpe de Estado en Chile

Lunes, 11 Septiembre 2017 11:08

(adnmarcospaz)-..El 4 de septiembre de 1970, las antenas de la diplomacia y el espionaje internacional se concentraban en un remonto punto del planeta, un país perdido en el continente austral de geografía desgarrada e historia sorprendente. Chile era entonces, junto con Uruguay, la democracia más antigua y sólida de la siempre agitada América del Sur y proporcionaba al mundo una sorpresa política de escasos precedentes: el triunfo en la urnas de un candidato presidencial que se proclamaba marxista y que reunía, en la coalición de la Unidad Popular, a comunistas, socialdemócratas, cristianos, masones y revolucionarios de extrema izquierda. Salvador Allende, viejo lobo de la institucionalizada izquierda chilena, prometía, aquella noche de la victoria, la consigna clave de su campaña: una revolución dentro de la ley.

Diez días después del triunfo de Allende, el 14 de septiembre, el entonces presidente norteamericano Richard Nixon y su "cerebro gris" de la política exterior, Henry Kissinger, se reunían en la Casa Blanca con el llamado "comité de los cuarenta", el Consejo Nacional de Seguridad, para determinar en secreto la política que cabía seguir ante la "subversión" legal que habían hecho estallar las urnas chilenas con el triunfo de la Unidad Popular. Las decisiones de ese comité fueron conocidas años después, por filtraciones y denuncias y, más aún, por los trágicos hechos que pusieron fin a la "experiencia chilena" el 11 de septiembre de 1973.
El primer objetivo era impedir, durante el interregno de la transmisión de mando -fijada por la ley chilena el 4 de noviembre, sesenta días después de las elecciones-, que Allende candidato triunfante, pero con sólo un 36,30 por ciento de los votos, se convirtiese en el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. El segundo, en caso de fracasar el anterior, frustrar mediante presiones económicas su gestión de gobierno y la aplicación de su programa de nacionalizaciones y reformas sociales. Y tercero, apoyar, por todos los medios, a los sectores civiles y militares opuestos en Chile a la política de la Unidad Popular.
Las primeras medidas de carácter populista y la imagen de cambio social que aseguraba Allende dieron su fruto en las elecciones municipales de abril de 1971; la Unidad Popular logró en ellas aumentar del 36,9 al 50,9 por ciento su representación. La euforia de la UP parecía incontrarrestable: en abril era nacionalizado el hierro; antes lo había sido el carbón, y finalmente, el 11 de julio, mediante un voto unánime arrancado a la oposición, la riqueza clave, el cobre.
La oposición controlaba aún, además del Congreso, otros poderes del sofisticado aparato institucional chileno y apelaría a la Contraloría General de la República, una especie de cuarto poder en el complejo tramado del Estado, para frenar las iniciativas de la Unidad Popular.
El propio Allende recordaba en sus discursos a mediados de 1971 que "tenemos el Gobierno pero no el poder", en un llamamiento especialmente dirigido a las bases más radicalizadas de la UP y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para recordar las posibilidades y limitaciones del momento.
La primavera de la UP tuvo su fin brusco el 9 de junio de 1971, cuando ya en las propias filas de la izquierda se percibía la sensación de que la ley o el proceso dentro de la ley "había tocado techo". En ese momento crucial, en que el Gobierno tenía ante sí el camino de la alianza con parte de la oposición u otra estrategia de corte más radical, un asesinato imprevisto alteró las piezas del delicado juego de ajedrez. Un grupo ultra izquierdista, el más marginal y despolitizado de todos, asesinaba a un ex ministro de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Zujovic, responsable en 1969 de una matanza policial en la ciudad sureña de Puerto Montt y hombre clave de la DC en sus relaciones con la oligarquía criolla encuadrada en el Partido Nacional. El asesinato tomaba por sorpresa a todos y la izquierda necesitó varios meses para descubrir detrás de la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo, autora del atentado, a los agentes panameños de la CIA que operaban en Chile desde hacía dos años como falsos delegados de un supuesto movimiento revolucionario centroamericano. La muerte de Pérez Zujovic precipitó el fin de la primavera de la UP.
En julio de 1971, el ex presidente Eduardo Frei volvía de una gira privada por Estados Unidos y rompía un silencio de varios meses para proclamar con voz grave que "la Unidad Popular camina hacia el totalitarismo". El mismo Frei daba entonces la orden de partida: "sustituir por la vía legal a la UP". En otras palabras, estaba dando la luz verde para la sedición legal y ello coincidía con la alianza electoral en Valparaíso entre la DC y el Partido Nacional, que poco antes había sido su enemigo acérrimo debido a la reforma agraria del gobierno democristiano.
El alcance del nuevo clima pudo advertirse el 2 de diciembre de 1971. Durante semanas, la oposición, ya unida en torno a la única consigna de atacar al Gobierno, había lanzado a través de los medios de comunicación que controlaba -superiores en distribución a los del Gobierno- consignas de agitación contra un nuevo problema que había comenzado a suscitarse sin que el Gobierno hubiera tomado alguna medida al respecto. La cuestión tenía relación con el abastecimiento de bienes de consumo. Misteriosamente habían comenzado a escasear productos como el azúcar, los fósforos, el papel higiénico, el aceite y otros no fundamentales pero singularmente incómodos para la vida cotidiana.
El 2 de diciembre, mientras permanecía en el país Fidel Castro, en una larga visita al Chile de Allende, miles de mujeres del barrio alto de Santiago marcharon desde sus chalets hacia el centro de la capital, con cacerolas y banderas chilenas y escoltadas por jóvenes militantes de Patria y Libertad, provistos de camisas azules, cascos, cadenas y armas ligeras. La manifestación culminó en un enfrentamiento abierto con fuerzas de orden público, sin muertos ni heridos graves como sucedía a menudo en gobiernos anteriores.
La derecha chilena puso en acción su dispositivo sedicioso después de la "marcha de las cacerolas". El 6 de marzo de 1972, un almuerzo campestre reunía en una hacienda de las afueras de la capital a los representantes más conspicuos de las patronales de la industria, el comercio y la agricultura, al presidente del Senado, el democristiano Patricio Aylwin, al de la Corte Suprema, el conservador Enrique Urrutia, a dirigentes del Partido Nacional como Jaime Guzmán, vinculado con el grupo Patria y Libertad y posteriormente asesor clave del régimen del general Pinochet, al sacerdote del Opus Dei José Miguel Ibáñez, animador del círculo estudiantil anticomunista Fiducia, al subdirector del diario El Mercurio y a otros destacados personajes de la derecha chilena incluyendo a dirigentes del ala conservadora de la DC como Andrés Zandívar y Rafael Moreno.
El "almuerzo campestre" culminó en un documento público que convocaba a "las fuerzas vivas de la nación" a afrontar "los peligros con que el marxismo amenaza nuestra convivencia democrática" y daba algunas pautas de la estrategia general acordada por la derecha finalmente unida. Tales pautas pasaban por la formación de frentes vecinales de "resistencia" y de agrupaciones gremiales que debían ponerse en pie de guerra contra el Gobierno. El caballo de batalla institucional lo constituían, según lo expresaba el documento, el Congreso dominado por la oposición y el Poder Judicial, fundamentalmente conservador.
Después de varias semanas de presiones y manifestaciones de violencia, el aparato subversivo de la burguesía chilena se dispuso en el mes de octubre de 1972 a librar una batalla decisiva. El día 6 de octubre, el presidente del Senado, Patricio Aylwin, en nombre de la institución y de su partido, el Demócrata Cristiano, proclamaba que "Allende ha violado todos los compromisos contraídos", al mismo tiempo que la Cámara Alta calificaba al Gobierno como "fuera de la ley".
La huelga de camioneros, financiada desde Estados Unidos, duró hasta fines de octubre y provocó pérdidas de alrededor de un millón de dólares. La respuesta del Gobierno y de los partidos de izquierda se apoyó en una movilización masiva de sus bases para mantener, dentro de lo posible, el abastecimiento mínimo en las ciudades. Gran parte de las provincias fueron declaradas en estado de emergencia y puestas bajo control de las autoridades militares, que intervenían por primera vez en el proceso, paradójicamente a favor del régimen constitucional.
El empate social acentuaba también las diferencias en las filas de la Unidad Popular y de toda la izquierda. Dentro de la coalición del Gobierno, sectores del PS, del partido MAPU y de la Izquierda Cristiana coincidían con el MIR en la necesidad de "avanzar" rápidamente en el proceso para decantar definitivamente la situación a favor de un cambio revolucionario radical. Allende, otro sector del PS, radicales y el poderoso PC defendían en cambio la cautela de "consolidar" lo logrado y establecer cuanto antes un acuerdo con los sectores moderados de la DC, tal como se había intentado sin éxito en 1971 y en 1972. El Gobierno, sin embargo, era consciente de que aún faltaba por entrar en el juego el factor decisivo de cualquier enfrentamiento definitivo: las Fuerzas Armadas. La propaganda creciente de la derecha en los cuarteles no pasaba inadvertida.
Los acontecimientos se precipitaron rapidamente. Nuevamente los "gremios" controlados por la derecha y asistidos militarmente por las "centurias" armadas de Patria y Libertad decretaron una huelga. Los trabajadores de la mina de El Teniente mantenían a su vez una larga huelga que había polarizado la actividad de masas de la oposición, en combinación con las federaciones estudiantiles controladas por la DC o el Partido Nacional. Las calles de la capital se convirtieron en escenario cotidiano de enfrentamientos entre Patria y Libertad, MIR y la Policía, al mismo tiempo que la organización de Pablo Rodríguez realizaba atentados contra instalaciones eléctricas que dejaron a oscuras a varias ciudades.
En la madrugada del 11 de septiembre, tropas de Infantería de Marina, que realizaban maniobras con las naves norteamericanas del proyecto UNITAS, ocuparon a primeras horas el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, a las 4 de la madrugada, un regimiento de infantería se dirigía hacia la capital desde la vecina ciudad de los Andes, mientras un comando detenía en su domicilio al general Prats, ya retirado, pero aún con influencia suficiente en las Fuerzas Armadas. A las siete, el presidente Allende recibía información en su residencia de la calle Tomás Moro y una hora después salía con su escolta hacia el Palacio de La Moneda. A las ocho de la mañana, la casa de Gobierno estaba ya rodeada de tanques y se escucharon los primeros disparos. A través de la radio, los tres comandantes en jefe de Ejército, Marina y Aviación anunciaban que el Gobierno legal había sido derrocado.

 

Fuente: Agenda Temática Popular

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